“No hay nada que celebrar”
Ricardo Robles. Abogado. Master en Derecho.
Este lunes 18 de octubre se cumplió 2 años del estallido social-delictual. Hago la raya porque si bien hubo legitimas expectativas de la ciudadanía de salir a la calles a protestar por la corrupción de la elites empresariales y políticas, los abusos del Estado por su ineficiencia en diversos planos y las grandes empresas que se coludieron a su amaño para subir los precios de bienes y servicios esenciales. También hubo lumpen que se tomó las calles, hizo incendios y destrozos de bienes públicos tan sentidos como el Metro, hoteles y pequeños comercios. El centro de la capital Santiago parece una zona de guerra azolada por un ejército extranjero. Ahora donde campean el comercio ambulante sin límites. El nuevo Chile que les agrada algunos. Como dijo el constituyente Rojas Vade: “Chile es para todos, sino que sea una mierda”. El balance a la fecha es muy negativo tenemos un país polarizado, dividido en dos visiones contrapuestas de la sociedad. Una visión política de tipo antiliberal que promueve el crecimiento del Estado y la otra pro-emprendimiento que fortalece la iniciativa privada y la sociedad civil. La clase política ha demostrado una gran incompetencia. Los dos últimos gobiernos de Bachelet y Piñera han sido un desastre. La decadencia de Chile comenzó en el 2014. El país comenzó a crecer menos que el promedio mundial. No se ha podido lamentablemente resolver cuestiones centrales para los chilenos como el sistema de seguridad social en materia de pensiones y salud. Tampoco existe una política equilibrada de los DDHH que por una parte proteja a las personas de los abusos del Estado, pero que tampoco afecte la lucha contra la delincuencia y el actuar legítimo de las fuerzas de orden y seguridad en el contexto de una democracia. El Instituto de DDHH se encuentra desprestigiado porque no promueve una política universal de los mismos. No se ve al lado de las víctimas de terrorismo. En ese contexto la promoción del indulto general es una muy mala señal por cuanto valida la violencia política como método de acción. El país está estancado económicamente. Si bien este año vamos a crecer a un 10% del PIB, sólo estamos recuperando la caída de la economía producto del estallido y la pandemia. No hay seguridad que podamos crecer al 3% mínimo para financiar los nuevos compromisos presupuestarios. El país no tiene un proyecto nacional de desarrollo como en los años 90. Ahí se profundizó el modelo exportador y la integración de Chile al Comercio Global y pudimos crecer fuertemente el ingreso per cápita y bajar la pobreza en grandes magnitudes. Tenemos desafíos de nuevas tecnologías y cambio climático que no les estamos haciendo frente con políticas integrales y decididas. Hace años que no se hacen embalses, canales de riego importantes. La sequía está devorando el país y ya se instaló en la zona centro sur. Ñuble ya es testigo de la falta de agua. No hay planes de reforestación masivo y mejor utilización de las aguas. Hay un deterioro muy grave de la legitimidad de la instituciones públicas, claramente intencionado a destruir las bases de la República. Así hay un ataque inmisericorde al Estado de Derecho. No hay paz en las grandes urbes. Existe una falsa doctrina de los DDHH que sólo sirve a las víctimas de los agentes del Estado, pero que invisibiliza a las víctimas del terrorismo. Un Catrileo vale 100 veces más que un Luchsinger. Tenemos una Ley Antiterrorista que no se aplica a los Terroristas. Existe una gran cobardía en la clase política de decir las cosas por su nombre. Proponer una políticas públicas serias. La demagogia campea por doquier. En este panorama desolador no hay incentivos para desarrollar planes a largo porque no hay seguridad sobre cosas básicas. Hasta el momento no hay nada que celebrar.
